A pesar de que una
ley los obliga a revelar sus declaraciones juradas, si alguien
se lo solicita
Los legisladores no dan a conocer su patrimonio por miedo a los
secuestros (03/11/04)
http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=650632
Una ONG les reclamó la información, pero sólo
19 de los 60 respondieron; el resto adujo sentir temor.
La Junta de Etica tiene toda la información en sobres
cerrados, pero se niega a entregar copias
Se resolvió que cada diputado decida si quiere difundir
sus datos
¿Deben los diputados porteños revelar su patrimonio
a cualquier ciudadano, tal como lo indica la ley, o acaso resulta
ello un riesgo excesivo que tienen permitido eludir, aunque violen
así la legislación que ellos sancionaron?
No es una pregunta retórica, sino un
intríngulis que probablemente se definirá en la
Justicia, pues la organización no gubernamental (ONG)
Democracia Representativa presentó un recurso de amparo
en el que pide que se les exija a los 60 diputados de la ciudad
la exposición de sus declaraciones juradas, con todos
los detalles requeridos, para elaborar así una guía
pública de autoridades porteñas. Previamente, la
ONG había formalizado la solicitud ante los legisladores,
pero sólo 19 de los 60 respondieron satisfactoriamente.
La ley de acceso a la información (es
la 104) dice, en su artículo 3 inciso a, que "las
declaraciones juradas patrimoniales [de los legisladores] son
públicas". El reglamento interno de la Legislatura
advierte que estas declaraciones "están a disposición
de cualquier persona que solicite examinarlas". Pero los
diputados se oponen a su difusión.
En realidad, los 60 presentaron
en sobres cerrados (lacrados, incluso, en algunos casos) sus
declaraciones juradas patrimoniales ante la Junta de Etica
de la Legislatura. Allí es
donde Democracia Representativa reclamó la información.
¿Una decisión
individual?
Juan Carlos Lynch (Juntos
por Buenos Aires; demócrata), titular de la Junta, consultó con sus
pares qué debían hacer. Resolvieron que cada legislador
definiera el tema en forma personal.
"Pedí un dictamen al departamento
jurídico de la Legislatura y me respondieron que no era
necesariamente la Junta de Etica la que debía facilitar
los datos", reveló Lynch ante la consulta de LA NACION.
El presidente de la Junta
de Etica admitió también
que los sobres con los datos requeridos están en su poder,
pero que considera que no es él quien debe dar la información: "Yo
tengo los sobres sellados de todos, pero los abriré si
algún día me lo pide la Justicia. Si no, me parece
peligroso manejar información que debería ser confidencial,
sólo por un capricho de alguien que quiere saber el patrimonio
de un legislador".
Lynch envió una carta a cada uno de los
diputados. Les contó sobre el pedido de Democracia Representativa
y les dijo que cada uno hiciera lo que le pareciera correcto.
Sólo 19 legisladores respondieron al pedido. Marcos Peña
(Compromiso para el Cambio), el más joven (tiene 27 años),
fue el primero en responder. "Entiendo que si hay una ley,
la respetamos o la cambiamos, pero también comprendo a
los que no quieren dar a conocer su patrimonio. Desde mi posición,
con pocos bienes personales, es fácil hablar. La ley de
acceso a la información es importante desde el punto de
vista de la transparencia, pero también es cierto que
el contexto es complejo", analizó Peña.
Concretamente, varios diputados
expresaron su temor por la publicación de la información. "Yo
no sé a quién le estoy dando mis datos y no me
interesa que se sepa a qué colegio mando a mis hijos,
por ejemplo. ¿Qué pasa si en esa ONG hay un secuestrador?
Hay diputados con patrimonios altos y éste no es un buen
momento para hacerlo público. Si la Justicia lo pide,
yo no tengo problemas en dar la información, pero no es
lo mismo que las declaraciones sean públicas a que sean
publicadas. Mi patrimonio está detallado en un sobre cerrado
en posesión de la Junta de Etica", opinó Jorge
Mercado (Juntos por Buenos Aires).
A la Justicia
En Democracia Representativa
no aceptaron las explicaciones de los legisladores. "Son chicanas. La ley
es clara y ellos están obligados a dar la información.
No tienen excusas", se quejó Maximiliano Campos Ríos,
que es quien presentó el pedido de amparo en el juzgado
contencioso administrativo y tributario porteño N° 9,
a cargo de Alfredo Kersman.
Campos Ríos explicó que la ONG
que integra piensa lanzar "el primer manual legislativo" con
todos los datos de los diputados, aunque éstos no estén
de acuerdo.
"Lo conversamos en la Junta de Etica. Yo
tengo mi declaración jurada y no tengo problemas en darla,
pero la verdad es que tampoco podemos estar todo el día
contestando declaraciones juradas a todos los que nos las pidan",
respondió Julio de Giovanni (Partido de la Ciudad).
Norberto La Porta (socialista)
señaló que
no estaba al tanto del pedido.
"Yo no tengo demasiado. La verdad es que
si me mandaron una carta, se perdió entre mil papeles.
Si no, la hubiera respondido, porque creo que la ley está para
cumplirse", agregó La Porta.
En síntesis: hay una ley, un pedido para
que se cumpla y una respuesta mayoritaria que supone que respetar
la norma representa un riesgo para la seguridad de los diputados
y de las familias de éstos. El debate quedó planteado.
Por José Ignacio Lladós
De la Redacción de LA NACION
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