Publicado
en Infocívica: 21-04-2006
Un pasito para el frente, un
pasito para atrás
Según la investigación de una ONG, los empleados
del Gobierno de la Ciudad desconocen casi totalmente los contenidos
y alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Al mismo tiempo se destaca la existencia de avances en el uso
de Internet para publicar los datos en poder del Estado.
(INFOCIVICA, 21 de abril de 2006).-
Aunque hay un desconocimiento casi total de los contenidos
de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad, también
se registran importantes progresos en la implementación
de herramientas informáticas y publicación de información
en Internet. Estas son algunas de las conclusiones de una investigación
realizada por la Asociación Civil Democracia Representativa.
Con el título “Acceso a la Información
Pública: Hacia un reconocimiento extendido de un Derecho
Humano” la ONG publicó un monitoreo del grado de
avance en la implementación y cumplimiento de las normativas
de acceso a la información en Buenos Aires.
El informe marca textualmente
como principal debilidad “el
desconocimiento casi total de los contenidos y alcances de la
Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad
entre los empleados de las distintas mesas de entradas de los
organismos. Esta situación también se replica en
la sociedad en general, y se confirma, con la escasa cantidad
de pedidos de acceso a la información que reciben los
funcionarios”.
“Nuestra investigación dio como resultado
que sería muy importante determinar formalmente a un organismo
como autoridad de aplicación de la Ley 104 (de Acceso
a la Información Pública). Quizá debería
ser la Subsecretaría de Legal y Técnica. Esto serviría
para verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el sistema normativo. A nivel nacional, existe la autoridad
de aplicación del reglamento del Decreto 1172/03 que es
la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahora,
con el rediseño institucional a partir de la Ley de Ministerios
se abre una oportunidad única para llevar adelante las
reformas” manifestó Maximiliano Campos Ríos,
investigador a cargo del informe y director de Transparencia
de Democracia Representativa.
“La variedad de dispositivos, buscadores,
bases de datos, portales y herramientas interactivas, hacen que
el GCBA se encuentre a la vanguardia de las principales ciudades
del mundo” - concluye el informe – “sin embargo,
se pudieron verificar falencias en la atención al público
en el “cara a cara” con el ciudadano, y en la imposibilidad
de encontrar publicado un registro sobre los sueldos de los funcionarios
como exige la Ley 572”.
El trabajo de monitoreo se realizó entre
el 1 de octubre de 2005 y el 28 de Febrero de 2006 y se focalizó en
tres organismos del Gobierno de la Ciudad: la Subsecretaría
de Legal y Técnica (con rango de Secretaría a partir
de la Ley de Ministerios); la Secretaría de Hacienda y
Finanzas; y la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente
con rango ministerial).
“Nuestra legislación en la materia
de avanzada en relación con otros países, porque
reconoce el derecho de acceso a la información como un
derecho humano y cualquier ciudadano puede pedir información
y si no se la dan, puede apelar a un tribunal” dijo Campos
Ríos, aunque “corroboramos que hay en los funcionarios
una cultura de retacear la información o apelar a respuestas
que no tienen que ver con la norma”.
El informe sugiere además una serie de recomendaciones,
entre ellas, la idea de crear un programa de difusión
masivo de la ley de derecho de acceso a la información
pública, y de su importancia para las instituciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La utilización
de ésta herramienta esencial para el sistema democrático
no debería quedar en manos solamente de los investigadores.
Quizá la forma de lograr mayor difusión sea combinar
campañas masivas en vía pública, televisión
y radio con la educación formal en las escuelas secundarias” acota
el informe.
La ONG sugiere además que “la Secretaría
de Educación debería incorporar módulos
especiales en los contenidos de la enseñanza media, o
simplemente coordinar con los docentes que enseñan Educación
Cívica, actividades relacionadas con la participación
pública”.
Asimismo, el documento va más allá al
recomendar “la capacitación de los recursos humanos
de planta permanente del GCBA. Quizá sería interesante
incorporar contenidos relacionados en el marco de la capacitación
que plantea la “Nueva Carrera Administrativa”. Esta
tarea debería ser implementada sobre todo en el personal
de las mesas de entradas, o que tengan contacto directo con los
peticionantes”.
|
