Medio: Infocivica
Fecha: 01/07/05


ACCESO A LA INFORMACION

A ver… a ver…

Los legisladores porteños deberán hacer públicas sus declaraciones juradas luego de que la Justicia les exigiera cumplir con la Ley de Acceso a la Información de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un fallo en segunda instancia dictado a partir de la presentación de una organización civil.

(INFOCIVICA, 1 de julio de 2005).- Los legisladores dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán hacer públicas sus declaraciones juradas, luego de que la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hiciera lugar a una acción de amparo presentada el año pasado por la Asociación Civil Democracia Representativa, que requirió tal información para una investigación y le había sido negada por la Legislatura.

La ONG había presentado este recurso de amparo, denegado en primera instancia y apelado después, para que la Justicia intervenga en el real cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la información. Así fue que el tribunal de 2º instancia ordenó a los legisladores porteños que hagan públicas sus declaraciones juradas, tal como lo indica la ley que establece el derecho a la información en la Ciudad.

Los camaristas consideraron infundadas las razones del juez de primera instancia que falló a favor de la Legislatura de la Ciudad por considerar que la iniciativa de la ONG estaba sostenido por mera curiosidad, o inquietudes personales que no están legitimadas por el ordenamiento. Los camaristas aclararon "(...) cabe estar seguro de que existe un gran número de ciudadanos que desean conocer la situación patrimonial de los funcionarios y su evolución y su interés legítimo no puede catalogarse de curiosidad malsana, ni tampoco hay para buscar en esa curiosidad propósitos malignos. Por lo demás, no hay información en la causa que permita deducir obscuras intenciones de los actores, ni menos aún disposición legal que obliga a justificar el objetivo del pedido".

"Quisimos ejercer el control ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires y nos encontramos que una ley que fue sancionada hace ocho años por los legisladores, no garantiza el pleno acceso a la información. Agotada la vía administrativa nos vimos obligados a recurrir a la Justicia para que restituya el estado de derecho", comenta Maximiliano Campos Ríos, promotor del amparo y director de Transparencia de Democracia Representativa.

Los Camaristas destacaron en su fallo que el derecho a acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios de gobierno por parte de cualquier ciudadano se funda en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad De Buenos Aires, la ley 104 y el reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires destaca que los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados "deben presentar una declaración jurada en el momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar". Así también lo expresa la ley 104 de la Ciudad Buenos Aires que establece que "las declaraciones Juradas patrimoniales establecidas por el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son públicas".

En tanto, también el Reglamento Interno de la Legislatura local en su artículo 52 establece que "las Diputadas y los Diputados deben presentar dentro de los 60 días corridos posterior a su asunción ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, una declaración jurada patrimonial con la descripción de activos, pasivos e ingresos propios y del/ la cónyuge e hijos menores no emancipados" al mismo tiempo que expresa que "todas las declaraciones juradas mencionadas en el presente artículo están a disposición de cualquier persona que solicite examinarlas".

"Lo mejor sería que las declaraciones juradas figuraran en Internet con el resguardo de los datos personalísimos de los diputados porque en una democracia la publicidad es la regla y el secreto la excepción" expresó Campos Ríos.

Con este fallo, los miembros de la organización podrán continuar con la investigación destinada a producir un manual legislativo, como herramienta de distribución gratuita para los ciudadanos porteños.