Medio: Noticias Urbanas
Fecha: 02/05/06
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Un derecho desconocido en la Ciudad
En teoría, cualquier porteño puede pedirle al
Gobierno de la Ciudad información sobre sueldos de sus
funcionarios, la distribución de los planes sociales o
cualquier otro dato sobre la administración. La Ciudad
fue pionera en la Ley de Acceso a la Información Pública,
aunque en la práctica existe un casi total desconocimiento
sobre esta herramienta clave de la transparencia. Una ONG hizo
un monitoreo y explica por qué es un momento ideal para
fomentar esta iniciativa
Por Laura Di Marco
En teoría y gracias a la Ley de Acceso a la Información
Pública, cualquier ciudadano puede pedir en el Gobierno
de la Ciudad información sobre sueldos de funcionarios,
distribución de fondos para planes sociales o datos sobre
decisiones que afecten al Presupuesto. Sin embargo, las cosas
no siempre ocurren así, según concluyó un
informe de la ONG Democracia Representativa, que reveló un
desconocimiento casi total de esta normativa, aunque también
registró importantes progresos en la implementación
de herramientas informáticas y publicación de información
en Internet.
La Ciudad cuenta con una normativa de acceso
a la información,
que es previa al decreto que existe a nivel nacional y que fue
firmado por Néstor Kirchner en 2003. Esta herramienta,
clave en la construcción de ciudadanía, es propia
de las democracias más desarrolladas. ¿Por qué?
Veamos un ejemplo: si el Estado les pide a
los ciudadanos participar en una audiencia pública con solvencia, debe brindarles
la información necesaria. La ley fue promovida en la Ciudad
por Marta Oyhanarte cuando era legisladora. La idea, en cambio,
fue impulsada por Roberto Saba, hoy al frente de la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) que entonces asesoraba a la actual
funcionaria K.
Con el título “Acceso a la Información Pública:
Hacia un reconocimiento extendido de un Derecho Humano”,
la ONG publicó un monitoreo del grado de avance en la
implementación y cumplimiento de las normativas de acceso
a la información en Buenos Aires.
El informe marca textualmente como principal
debilidad “el
desconocimiento casi total de los contenidos y alcances de la
Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad
entre los empleados de las distintas mesas de entradas de los
organismos. Esta situación también se replica en
la sociedad en general, y se confirma, con la escasa cantidad
de pedidos de acceso a la información que reciben los
funcionarios”.
“Nuestra investigación dio como resultado que sería
muy importante determinar formalmente a un organismo como autoridad
de aplicación de la Ley 104 (de Acceso a la Información
Pública)”, destaca el informe.
A su vez, la defensora del Pueblo de la Ciudad,
Alicia Pierini, quien, cuando era legisladora, participó de la confección
de la ley, señaló que "existe un desconocimiento
por parte de los ciudadanos de la existencia de la norma y, lo
que es peor aún, de parte de los funcionarios".
A nivel nacional, por ejemplo, esa autoridad
de aplicación
la ejerce la Subsecretaría para el Fortalecimiento de
la Democracia que Reforma Institucional y Fortalecimiento de
la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dirige
Marta Oyhanarte.
“Ahora, con el rediseño institucional a partir
de la Ley de Ministerios se abre una oportunidad única
para llevar adelante las reformas”, manifestó Maximiliano
Campos Ríos, investigador a cargo del informe y director
de Transparencia de Democracia Representativa.
“La variedad de dispositivos, buscadores, bases de datos,
portales y herramientas interactivas, hacen que la Ciudad se
encuentre a la vanguardia de las principales ciudades del mundo” -
concluye el informe-, “sin embargo, se pudieron verificar
falencias en la atención al público en el “cara
a cara” con el ciudadano, y en la imposibilidad de encontrar
publicado un registro sobre los sueldos de los funcionarios como
exige la Ley 572”.
El trabajo de monitoreo se realizó entre el 1 de octubre
de 2005 y el 28 de Febrero de 2006 y se focalizó en tres
organismos del Gobierno de la Ciudad: la Subsecretaría
de Legal y Técnica (con rango de Secretaría a partir
de la Ley de Ministerios); la Secretaría de Hacienda y
Finanzas; y la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente
con rango ministerial).
“Nuestra legislación en la materia es avanzada
en relación con otros países, porque reconoce el
derecho de acceso a la información como un derecho humano
y cualquier ciudadano puede pedir información y si no
se la dan, puede apelar a un tribunal”, dijo Campos Ríos,
aunque “corroboramos que hay en los funcionarios una cultura
de retacear la información o apelar a respuestas que no
tienen que ver con la norma”.
El informe sugiere además una serie de recomendaciones,
entre ellas, la idea de crear un programa de difusión
masivo de la ley de derecho de acceso a la información
pública, y de su importancia para las instituciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La utilización
de esta herramienta esencial para el sistema democrático
no debería quedar en manos solamente de los investigadores.
Quizá la forma de lograr mayor difusión sea combinar
campañas masivas en vía pública, televisión
y radio con la educación formal en las escuelas secundarias”,
acota el informe.
La ONG sugiere además que “la Secretaría
de Educación debería incorporar módulos
especiales en los contenidos de la enseñanza media, o
simplemente coordinar con los docentes que enseñan Educación
Cívica, actividades relacionadas con la participación
pública”.
Asimismo, el documento va más allá al recomendar “la
capacitación de los recursos humanos de planta permanente
del GCBA. Quizá sería interesante incorporar contenidos
relacionados en el marco de la capacitación que plantea
la “Nueva Carrera Administrativa”. Esta tarea debería
ser implementada sobre todo en el personal de las mesas de entradas,
o que tengan contacto directo con los peticionantes”.
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