Medio: La Nación
Página: 23
Fecha: 02/07/05


Así lo resolvió la justicia porteña

La Justicia ordenó que en dos semanas los legisladores de la ciudad de Buenos Aires deberán hacer públicas sus declaraciones de bienes a pedido de una ONG que realiza una investigación para producir un manual sobre quién es quién en el poder legislativo porteño.

El fallo fue dictado por los jueces Esteban Centanaro, Nélida Daniele y Eduardo Ruso de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ante el recurso de amparo que presentó la Asociación Civil para la Democracia y el Gobierno representativo y Maximiliano Campos Ríos por su propio derecho como ciudadano.

Los interesados se ampararon en la ley de acceso a la información que rige desde 1998 en la ciudad de Buenos Aires. El 17 de mayo de 2004 pidieron las declaraciones al director de la Junta de Etica de la Legislatura, que remitió el pedido a los 60 legisladores. Ante la falta de respuesta presentaron un recurso de amparo.

Los 60 legisladores entregaron a la Junta de Etica sus declaraciones juradas y 19 de ellos las entregaron a la ONG, pero el resto alegó razones de seguridad y el temor a los secuestros para no dar esa información.

En primera instancia la Justicia rechazó el pedido de la ONG al entender que la intimidad de los legisladores debía ceder, sólo cuando hubiera alguna sospecha de enriquecimiento ilícito y porque la ONG no explicó para qué quería los datos.

Pero la Cámara le dio la razón a la ONG. Dijo en primer lugar que todos los actos de gobierno son públicos y que el derecho de acceder a la información tiene dimensión constitucional. "La publicidad es la regla, el secreto, la excepción", declararon y destacaron que "lo opuesto a lo público es lo oculto".

"Existe un gran número de ciudadanos que desean conocer la situación patrimonial de los funcionarios y su evolución y su interés legítimo no puede catalogarse de una malsana curiosidad, ni tampoco hay razones para buscar en esa seguridad propósitos malignos", declararon.

"Una de las funciones más importantes de esta información es dar a los oponentes políticos un fuerte incentivo para controlar la evolución patrimonial de sus rivales", parecieron sugerir los camaristas.

No obstante ordenaron entregar la información, pero dejando a resguardo los datos que afecten la intimidad del legislador, como quiénes integran su familia o cuál es su domicilio.

Juan Carlos Lynch (Juntos por Buenos Aires), presidente de la Junta de Etica de la Legislatura porteña explicó a LA NACION que después de haber sido notificados por la Justicia, los abogados apelaron la medida, pero como el recurso no tiene carácter suspensivo los legisladores deberán cumplir con el fallo.

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