Conferencia de Acceso a la Información Pública

El Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos realizó entre los días 26-28 de Febrero de 2008 una Conferencia Internacional de Acceso a la Información Pública.

Democracia Representativa fue invitada a participar y la organización estuvo representada por el Lic. Maximiliano Campos Ríos.

Metasy objetivos:

La meta de esta conferencia internacional fue avanzar en el desarrollo de sistemas efectivos de acceso a la información pública en todo el mundo.

Los objetivos principales de la conferencia fueron:
1. Reflexionar acerca del estado actual del derecho a la información pública en el mundo
2. Considerar el efecto del acceso a la información en áreas como el desarrollo y la gobernación
3. Explorar las acciones prioritarias para promover la promulgación y total implementación de leyes de acceso a la información pública, sin olvidar las consideraciones de realpolitik que influencian a todas las partes interesadas
Esto se logró mediante los presentadores principales, las exposiciones de cada panel, los grupos de trabajo y las discusiones plenarias. Al reunir a tan ilustre grupo de pensadores, personas influyentes y practicantes en un contexto informal, esperamos poder crear un espacio para el logro de esta meta. Los participantes harán recomendaciones detalladas y delinearán un plan de acción para promover el derecho a la información alrededor del mundo al cierre de la conferencia.
De Argentina participaron tres representantes: Roberto Saba (ADC), Marta Oyhanarte (Gobierno Nacional) y nuestra organización a través de Maximiliano Campos Ríos, que participó del cuarto grupo de trabajo, los cuales detallamos a continuación:

1. Políticas y Economía: alterando el equilibrio hacia la apertura
2. Cultura y Estructura: creando un ambiente para la transparencia
3. Actores No-Estatales y Multilaterales: examinando roles y responsabilidades
4. Normas Internacionales: considerando los estándares universales y una
5. Indicadores y Medidas de Acceso a la Información: demostrando y mejorando el impacto

La participación en el debate fue muy fluída y enriquecida por participantes de varios países. Democracia Representativa pudo comentar sus propuestas que fueron fruto de la experiencia de trabajo realizada en la Ciudad de Buenos Aires en particular y en Argentina en General. El antecedente del amparo obtenido por nuestra ONG (“CAMPOS RIOS, MAXIMILIANO C/ LEGISLATURA S/AMPARO” cuyo número de expediente es el 136.217/0) fue tomado en su contenido como disparador de la construcción de estándares para la Declaración Final.

Laura Neuman, Gerente de Proyecto de Acceso a la Información, Centro Carter
Tom Blanton, Director Ejecutivo, Archivo de Seguridad Nacional
Kevin Dunion, Comisario de Información, Escocia
Michelle Roberts, Periodista, El Oregonian
Miércoles 27 de febrero
12:00 p.m. Almuerzo y conferencistas – Salón Cyprus

Jennifer McCoy, Directora, Programa de las Américas, El Centro Carter
Juez Diego García-Sayan, Vicepresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sesiones plenarias – Capilla Cecil B. Day
2:00 p.m. Sesión de apertura

Laura Neuman, Directora del Proyecto de Acceso a la Información, El Centro Carter
Ex Presidente Jimmy Carter, EE.UU.
Presidente Evo Morales, Bolivia
Presidente Amadou Toumani Touré, Mali
3:00 p.m. Acceso a la Información (AAI) como una herramienta para promover el desarrollo y los derechos socio-económicos

Presidente: Alejandro Toledo, Ex Presidente del Perú
Rob Jenkins, Profesor, Instituto Ralph Bunche de Estudios Internacionales
Mukelani Dimba, Subdirector Ejecutivo, Centro de Consejo para la Democracia Abierta, Sudáfrica
Sina Odugbemi, Director de Programa, Comunicación para el Gobierno y la Responsabilidad, Banco Mundial

4:15 p.m. Receso
4:30 p.m. AAI como una herramienta para mejorar la gobernabilidad

Presidente: Lawrence Bropleh, Ministro de Información, Liberia
Alasdair Roberts, Profesor, Escuela Maxwell, Universidad de Syracuse
Marta Oyhanarte, Subsecretaria de Reformas Institucionales, Argentina
Jonas Moberg, Director, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, Noruega

5:45 p.m. Estado de AAI en el mundo: desafíos y éxitos

Presidente: Olivia Grange, Ministro de Información, Jamaica
Meredith Fuchs, Abogada General, Archivo de Seguridad Nacional, EE.UU.
Gergana Jouleva, Directora Ejecutiva, Programa de Acceso a la Información, Bulgaria
Jie Cheng, Profesora de Derecho, Universidad de Tsinghua, China
Juan Pablo Guerrero, Comisario, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México
7:00 p.m. Cócteles – vestíbulo de la biblioteca del Museo Presidencial de Carter
Jueves 28 de febrero
8:45 a.m. Sesiones plenarias: división en grupos de trabajo – Capilla Cecil B. Day
9:00 a.m. Grupos de trabajo simultáneos
Grupo 1 - Política y Economía: alterando el equilibrio hacia la apertura
Facilitador: Andrew Puddephatt – Socios Mundiales, Reino Unido
Grupo 2 - Estructura y Cultura: creando un ambiente para la transparencia
Facilitador: Shekhar Singh – Campaña Nacional por el Derecho a la Información de la Gente, India
Grupo 3 - Actores No Estatales y Multilaterales: examinando roles y responsabilidades
Facilitador: Richard Calland – Instituto para la Democracia en Sudáfrica, Sudáfrica
Grupo 4 - Creación de Normas Internacionales: considerando estándares universales y una comunidad global
Facilitador: Jorge Santistevan – Ex Defensor del Pueblo, Perú
Grupo 5 - Indicadores y Medidas de AAI: demostrando y mejorando el impacto
Facilitador: Jamie Horsley – Proyecto de Ley China, Universidad de Yale
12:00 p.m. Almuerzo y conferencistas – Salón Cyprus
Huguette Labelle, Presidente del Consejo de Administración, Transparencia Internacional
1:30 p.m. Grupos de trabajo se reúnen nuevamente
4:00 p.m. Receso
4:30 p.m. Grupos de trabajo se reúnen nuevamente: conclusiones preliminares
6:15 p.m. Cocteles y cena en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta
Juez Albie Sachs, Corte Constitucional, Sudáfrica

Viernes 29 de febrero
Sesiones plenarias – Capilla Cecil B. Day
9:30 a.m. Grupos de trabajo presentan sus conclusiones
Moderador: Ex Presidente Jimmy Carter
11:15 a.m. Receso
11:45 p.m. Discusión plenaria y conclusiones de la conferencia
Moderador: Ex Presidente Jimmy Carter
12:30 p.m. Conclusiones finales y próximos pasos

Como fruto del trabajo y las deliberaciones se está trabajando en los retoques finales de un documento que suscribirán los participantes llamado la “Declaración de Atlanta”, que servirá para sustentar el trabajo.

Participantes:

Gilma Agurcia Comisaría de Información, Instituto de Acceso a la Información Pública, Honduras
Rodolfo Aldea Director de Probidad, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ministerio de la Presidencia, Chile
Joanne Archibald Directora Principal para Información, Ministerio de Información, Cultura, Juventud, y Deportes, Jamaica
Abraham Azubuike Director de Bilioteca, Comisión Económica de Naciones Unidas para África
Emma Back Consultora, Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido
Paloma Baena Olabe Especialista de Gobernación del Sector Público, Banco Interamericano de Desarrollo, EEUU
Ana Bellver Especialista de Gobernación del Sector Público, Banco Mundial
Ibrahim Ben-Kargbo Ministro de Información y Comunicación, Sierra Leona
Leslie Benton Directora de Política, Transparencia Internacional, EEUU
Matt Bigg Jefe de la Oficina de Atlanta, Reuters, EEUU
Tom Blanton Director, Archivo de Seguridad Nacional, EEUU
Luis Botello Director de Programas, Centro Internacional para Periodistas, EEUU/Panamá
Lawrence Bropleh Ministro de Información, República de Liberia
Rodrigo Calderon Vicepresidente, Asuntos Públicos y Comunicación, Compañía Coca-Cola
Richard Calland Gerente de Programa de Gobernación Económica, Instituto para la Democracia en Sudáfrica, Sudáfrica
Maximilano Campos Rios Director, Área de Transparencia de Democracia Representativa, Argentina
Ivan Jorge Canelas Senador, Bolivia
Santiago Canton Secretario Ejecutivo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA
Jimmy Carter Ex Presidente de los Estados Unidos, Fundador del Centro Carter, EEUU
Rosalynn Carter Ex Primera Dama de los Estados Unidos, Fundadora del Centro Carter, EEUU
Jie Cheng Profesora de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Tsinghua, China
Orrett Connor Secretario de Gabinete, Islas Caimán
Damien Cox Director Interino, Unidad de Acceso a la Información, Jamaica
Helen Darbishire Directora Ejecutiva, Access Info Europa, España
Maja Daruwala Directora Ejecutiva, Iniciativa de la Mancomunidad para los Derechos Humanos, India
Nelson de Freitas Administrador de Proyectos, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Venezuela
Boubacar Dicko Coordinador de Proyectos, Comisión para el Desarrollo Institucional, Mali
Mukelani Dimba Subdirector Ejecutivo, Centro de Consejo para la Democracia Abierta, Sudáfrica
Chad Dobson Director Ejecutivo, Centro de Información para la Banca, EEUU
Kevin Dunion Comisario de Información, Escocia
Linda Ehrichs Oficina para la Política de la Gobernabilidad Democrática, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Canadá
Misanvu Faustine Comisario Interino, Ministerio de Información, Uganda
William Fitzpatrick Abogado de Empresa, Red Omidyar, EEUU
Meredith Fuchs Abogada General, Archivo de Seguridad Nacional, EEUU
Diego Garcia-Sayan Juez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Perú
Elaine Geyer-Allely Consultora, Centro Carter, Mali
Carolyn Gomes Directora Ejecutiva, Jamaicanos por la Justicia, Jamaica
Guillermo Gonzales-Arica Director Asistente, Centro Mundial para el Desarrollo y la Democracia, Perú
Olivia Grange Ministro de Información, Cultura, Juventud, y Deportes, Jamaica
Juan Pablo Guerrero Comisario de Información, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México
Emmanuel Gyimah-Boadi Director Ejecutivo, Centro para el Desarrollo Democrático, Ghana
John Hardman Presidente y Director Ejecutivo, Centro Carter, EEUU
Nathaniel Heller Co-fundador y Director General, Integridad Mundial, EEUU
C.R. Hibbs Oficial de Programa y Director General para México, Fundación Hewlett, EEUU/México
Jamie Horsley Directora Adjunta, Centro de Derecho de China, Universidad de Yale, EEUU
Brant Houston Director Knight en Reportaje de Investigación y de Empresas, Universidad de Illinois, EEUU
Rob Jenkins Profesor, Centro de Estudios Postgrado, Instituto Ralph Bunch de Estudios Internacionales, EEUU
Lisa Jordan Subdirectora Adjunta, Unidad Mundial y de la Sociedad Civil, Fundación Ford, EEUU
Gergana Jouleva Directora Ejecutiva, Programa de Acceso a la Información, Bulgaria
Sampa Kangwa-Wilkie Oficial de Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, Instituto de los Medios de Comunicación de Sudáfrica Secretariado Regional, Namibia
Stephen Kay Coordinador de Análisis de América Latina, Banco de la Reserva Federal, EEUU
Ronald Krall Vicepresidente, Director General de Salud, GlaxoSmithKline Plc, EEUU
Huguette Labelle Presidenta de la Junta, Transparencia Internacional, Alemania
Issa Luna Pla Profesora, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Modibo Makalu Asesor del Presidente de la República, Malí
Firoze Manji Co-director, Fahamu Ltd & Fahamu Trust, Reino Unido
Conrad Martin Director Ejecutivo, Fundación Stewart Mott, EEUU
Emily Martinez Directora de Iniciativas Especiales, Instituto de la Sociedad Abierta, EEUU
Jennifer McCoy Directora del Programa de la Américas, Centro Carter, EEUU
Toby Mendel Director de Derecho y Programas de Asia, Artículo 19, Reino Unido
Marcos Mendiburu Especialista de Desarrollo Social, Banco Mundial
Jonas Moberg Secretario Principal, Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, Noruega
Carlos Monge Grupo Propuesta Ciudadana, Perú
Evo Morales Presidente de la República de Bolivia, Bolivia
Victor Ndoma-Egba Sublíder, Senado de la República Federal, Nigeria
Laura Neuman Directora de Proyecto de Acceso a la Información y Subdirectora del Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU
Tavinder Nijhawan Oficial de Programa, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá
Deunden Nikomborirak Director de Investigación, Instituto de Investigación del Desarrollo de Tailandia, Tailandia
Priscilla Nyokabi Oficial de Programa, Comisión Internacional de Juristas, Kenia
Sina Odugbemi Jefe de Programa, Comunicación para la Gobernación y la Rendición de Cuentas, Banco Mundial
Edetaen Ojo Director Ejecutivo, Programa de Derechos de los Medios de Comunicación, Nigeria
Juan Pablo Olmedo Presidente, Fundación Pro Acceso, Chile
William Orme Asesor Político, Desarrollo de los Medios de Comunicación Independientes, Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Emilio Ortega Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua
Nana Oye Lithur Coordinadora de la Oficina África, Iniciativa de los Derechos Humanos de la Mancomunidad, Ghana
Marta Oyhanarte Subsecretaria de Relaciones Institucionales, Argentina
Suchi Pande Secretaria, Campaña Nacional por el Derecho a la Información de la Gente, India
Darian Pavli Oficial Legal, Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta, EEUU
Mitchell Pearlman Consultor de la Información del Gobierno, Consejero en Ley, EEUU
Jose Tomas Perez Director General, Corporación de Fomento Industrial, República Dominicana
Javier Ponce Cevallos Secretario Particular del Presidente de la República, Ecuador
Andrew Puddephat Director, Socios Globales, Reino Unido
Rakesh Rajani Fundador y Miembro de la Junta de Directores, HakiElimu, Tanzania
Graeme Ramshaw Oficial de Programa, Instituto de Resultados para el Desarrollo, Instituto Brookings, EEUU
Hyeon-Ju Rho Director de País, Asociación Americana de Juristas, Iniciativa del Estado de Derecho, China
Ramiro Rivadeneira Asesor de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Ecuador
Miguel Rivadeneira Director General, El Comercio y Radio Quito, Ecuador
Michelle Roberts Periodista, The Oregonian, EEUU
Alasdair Roberts Profesor, Escuela Maxwell, Universidad de Syracuse, EEUU
Fernando Rodrigues Vicepresidente, Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Brasil
Jorge Romero León Director Ejecutivo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México
Atila Roque Director, Instituto de Estudios Socioecónomicos, Brasil
Marc Rotenberg Director Ejecutivo, Centro de Información de la Privacidad Electrónica, EEUU
Vin Ryan Presidente, Schooner Capital LLC, EEUU
Roberto Saba Director Ejecutivo, Asociación por los Derechos Civiles, Argentina
Marta Sacasa Vicepresidente, Canal 2, Nicaragua
Albie Sachs Juez, Corte Constitucional, Sudáfrica
Salimah Samji Equipo de Desarrollo Global, Fundación Google, EEUU
Jorge Santistevan de Noriega Ex Defensor del Pueblo, Socio de Santistevan de Noriega y Asoc., Perú
Emanuel Shears-Moses Abogado, Comisión de Reforma Legislativa, Sierra Leone
Ousmane Sidibe Comisario, Comisión para el Desarrollo Institucional, Mali
Shekhar Singh Fundador, Campaña Nacional para el Derecho a la Información de la Gente, India
Rick Snell Profesor, Universidad de Tasmania, Australia
Dario Soto-Abril Director Adjunto, Fundación para las Américas, Organización de Estados Americanos
John Stremlau Vicepresidente de Programas de Paz, Centro Carter, EEUU
Miguel Suazo Coordinador, Consejo Nacional para la Reforma al Gobierno, República Dominicana
Tom Susman Socio, Ropes and Gray, EEUU
Nardi Suxo Viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Bolivia
Min Tang Subsecretario General, Fundación de Investigación del Desarrollo de China, China
Tseliso Thipanyane Director Ejecutivo, Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, Sudáfrica
Jack Thurston Co-fundador, Organización de los Subsidios Agrícolas, Reino Unido
Mohamed Tibanyendera Oficial de Apoyo y Transmisón, Instituto de los Medios de Comunicación de Sudáfrica, Tanzania
Alejandro Toledo Ex Presidente, Perú
Amadou Toumani Touré Presidente de la República de Mali, Mali
Anel Townsend Miembro del Grupo Consultor, Parlamento Latinoamericano
Patrick Tumwine Oficial de Apoyo y Redes, Red de Derechos Humanos, Uganda
Ricardo Uceda Director Ejecutivo, Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Farina Vasquez Oficial de Información, Honduras
Vladimir Villegas Ancla del Centro de Noticias Unión Radio, Grupo Unión Radio, Venezuela
Aleem Walji Equipo de Desarrollo Global, Fundación Google, EEUU
Alex Wang Director, Oficina de Beijing, Consejo de Defensa de Recursos Naturales, China
John Wilson Oficina Internacional Legal, Organización de Estados Americanos

Relatores

Zachary Bookman Becario Fulbright, Universidad de Yale, EEUU
Sarah Holsen Asistente de Investigación, Escuela Suiza de Estudios Postgrado de Administración Pública, Suiza
Suzanne Piotrowski Profesora Asistente, Universidad de Rutgers, EEUU
Sarah Rivard Asistente de Programa, Club de Madrid, Proyecto de la Coalición Democrática, EEUU
Patrick Schmidt Profesor, Universidad de Macalester, EEUU

Personal

Kari Mackey Coordinadora Asistente de Proyecto, Proyecto de Acceso a la Información, Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU
Meg McDermott Asistente a la Conferencia, Proyecto de Acceso a la Información, Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU
Andrea Durango Oficial de Programa, Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU
Sarah King Asistente de Programa, Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU

 Conclusiones

Las conclusiones desde el punto de vista programático se encuentran plasmadas en la “Declaración de Atlanta”. También se avanzó en cuestiones organizaciones a fin de impulsar agendas compartidas con las regiones y de fomentar la cooperación y la colaboración internacional en la materia. En ese sentido, Democracia Representativa se manifestó abierto a trabajar en conjunto con otras organizaciones con el objetivo de lograr más y mejor acceso a la información pública, en cumplimiento de la legislación internacional y de los estatutos organizativos de nuestra asociación civil sin fines de lucro.

 ANEXO I

DRAFT

ATLANTA DECLARATION ON THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION

PREAMBLE:

Recognizing that Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 19 of the International Covenant of Civil and Political Rights, and Article 13 of the American Convention on Human Rights provide for a right to seek, receive and impart information, and Article 10 of the European Convention on Human Rights establishes a similar right to receive and impart information;

Emphasizing that the Inter-American Court of Human Rights in Claude Reyes v. Chile found that Article 13 recognized a general right of access to information and that states must provide a system for exercising that right;

Considering that the Council of Europe, the Organization of American States and the African Commission on Human and People’s Rights have adopted clear statements and declarations on the right of access to information;

Convinced that political commitment to the right of access to information is necessary for passage and full implementation and enforcement of the right of access to information;

Stressing that though there have been great advances in the right of access to information over the past decade, there remain a number of challenges including countries without national legislation, widely varying levels of implementation and some continued resistance;

We, over 125 members of the global access to information community from 40 countries, gathered in Atlanta, Georgia from February 26-29, 2008 under the auspices of the CarterCenter.

FINDINGS:

1. The fundamental right of access to information is inherent in all cultures and systems of government.
2. A lack of access to information disproportionately affects the poor, women and other marginalized people, and as such the right should be guaranteed to all sectors of society.
3. The right of access to information is fundamental to human dignity, equity and peace with justice.
4. The right of access to information is a foundation for democracy, citizen participation, good governance, public administration efficiency, accountability and efforts to combat corruption, media and investigative journalism, human development, social inclusion, and the realization of socio-economic rights.
5. Transparency is a necessary and powerful instrument for promoting security.
6. New technology offers a great potential for facilitating access to information, yet obstacles such as the digital divide, prohibitive costs, and data management practices have prevented many from benefiting from its full potential.
7. Enacting a specific and comprehensive law is essential to establishing and sustaining the right of access to information.
8. Equally important is constructing an appropriate institutional framework and developing public administration capacity to manage and provide information.
9. It also is critical to raise awareness among the public of the right of access to information, ensure capacity to exercise the right including through public education, and foster support for transparency among all sections of the society.

1. Access to information is a fundamental human right. 
2. All states should enact legislation to give effect to the right of access to information.
3. The right of access to information applies to all intergovernmental organizations, including international financial institutions, and bilateral and multilateral bodies. These public institutions should lead by example and support others efforts to build a culture of transparency.
4. The right of access to information should be entrenched in international or regional instruments as well as national and sub-national laws that respect the following tenets:
   
   • Access to information is the rule; secrecy is the exception;
     
     
   • The right of access to information should apply to all branches of government (including the administration, judicial and legislative bodies, as well as autonomous organs) at all levels (federal, central, regional and local) and to all divisions of the international bodies listed above;
     
     
   • The right of access to information should extend to non-state actors under the conditions enumerated in principle 5 below;
     
     
   • The right to request specific information is independent of a personal interest in that information and there should never be a need to provide a justification or reason;
     
     
   • The right to request specific information should be accompanied by a requirement that the public institution proactively disseminate information related to its core functioning;
     
     
   • The instrument or law should include procedures designed to ensure the full implementation and ease of use, with no unnecessary obstacles (such as cost, language, form or manner of request) and with an affirmative obligation on the holder of information to assist the requester and to provide the requested information within a specified and reasonable period of time;
     
     
   • Exceptions to access to information should be narrowly drawn and specified in law and limited only to those permitted by international law. Disclosure of information may only be refused when the harm to the specified protected interest outweighs the public interest in disclosure;
     
     
   • The burden of proof to justify a denial should always fall on the holder of information;
     
     
   • The requester should be guaranteed a right to appeal any decision, any failure to provide information, or any other infringement of the right of access to information to an independent authority with the power to make binding and enforceable decisions, preferably an intermediary body such as an Information Commission(er) or Specialist Ombudsman in the first instance with a further right of appeal to a court of law.
5. The right also applies to non-state actors that: receive public funds or benefits (directly or indirectly); carry out public functions, including the provision of public services; and exploit public resources, including natural resources, in relation only to the use of those funds or benefits, activities or resources. In addition, everyone should have the right of access to information held by large profit-seeking corporations where this information is required for the exercise or protection of any human right, as recognized in the International Bill of Rights.
6. States and international organizations should ensure a system of implementation that provides for:

1. The equitable exercise of the right of access to information by everyone;
2. Training of all public officials on the practice and application of the right;
3. Public education and training to empower persons to make full use of the right;
4. Allocation of necessary resources;
5. Strengthening of information management;
6. Regular reporting on operation of the law; and
7. Review of the operation and compliance with the law, by legislative and key oversight bodies.
 

7. In addition to the promulgation of a comprehensive access to information law, the right should be supported by the passage of companion legislation, such as laws compelling disclosure of political party and campaign financing; archiving legislation; whistleblowing protection; and professional public administration laws, and repeal of contradictory provisions, such as those contained within an Official Secrets Act.

PLAN OF ACTION 

To give effect to the findings and principles, the following action plan should be undertaken:

For the International Community:

1. Intergovernmental organizations - including the United Nations and all of its bodies, Council of Europe, Organization of American States, African Union, and international financial and trade bodies - and international and domestic non-governmental organizations should give effect to the right of access to information in accordance with the principles and tenets enumerated above.
   
   
2. As the first intergovernmental institution to formulate a specific convention on the right of access to information, the member states of the Council of Europe should ensure that the above principles and tenets are respected in the future “European Convention on Access to Official Documents.”
   
   
3. During the World Bank Group’s forthcoming review of its Policy on Disclosure of Information, the Bank should engage in an open and participatory consultative process with a view to bringing its policy into line with the principles and tenets enumerated above. Other international governmental organizations should also take effective steps to adopt or bring their information policies into line with these principles and tenets.
   
    
4. International and regional bodies should:
   1. take measures to ensure that all states have effective mechanisms to promote and protect the right of access to information;
   2. develop international instruments on the right of access to information;
   3. conduct ongoing monitoring of compliance with this right, through formal and informal follow-up mechanisms such as peer review.
5. 
   International donors should ensure sufficient long-term funding and support to states efforts to establish, implement and enforce the right of access to information.
    
6. Donor funding agreements should include terms requiring that recipients agree to provide access to information regarding the amount and use of international funds.
   
   
7. Regional and international bodies considering the establishment of right of access to information instruments should ensure that     they consult fully with civil society and with experts in the right of access to information.  A panel of experts should be convened to support these efforts.
    
8. The Millennium Development Goals should include the passage and implementation of access to information as a more explicit component of good governance.
   
   
9. Donors should provide funding for additional study of the right to information, including scholarly research and analysis on its implementation and impact.

 For States:

1. Every state should provide for the right of access to information in keeping with the principles and tenets enumerated above. 
2. States should integrate promotion of the right of access to information into their own national development and growth strategies and sectoral policies.
   
3. States should seek multi-stakeholder partnerships to enhance their capacity to implement the right of access to information in practice. 
4. States should establish independent enforcement mechanisms, such as Information Commissions, that allow for accessible, affordable, and timely appeal remedies.  Where appropriate these bodies should be able to make binding decisions and order disclosure of information.
   
5. States should create and maintain records, including those containing the rationale and process behind all decisions.
   
6. To give effect to the right of access to information held by profit-seeking corporations, states should establish rules which ensure minimal administrative burdens, exemptions in accordance with general principles governing the right of access to information, and a threshold test for size to define which entities are subject to this duty.
   
7. Access to information regimes should incorporate some mechanisms for monitoring and evaluation, including quantitative and qualitative measurement, collection of statistics, and mandatory annual reporting.

For Corporate, Professional and Civil Society Organizations:

1. Multi-national corporations and large domestic businesses should take steps to put into place voluntary commitments to proactively disclose information in the public interest, and such efforts should be encouraged and supported.
   
2. Technology innovators should develop and share new methods for the promotion of the right of access to information. 
   
3. Effective training methods should be developed for officials charged with the responsibility of providing access to information along with structures for the sharing of best practice from around the world.
   
4. Creative scholarship on the right of access to information, implementation of relevant laws, socio-economic impact, politics of compliance, exercise of the right, its enforcement, and how it changes peoples’ lives should be undertaken.
   
5.  Right of access to information advocates should focus further efforts to develop and update guidelines on the drafting of right to information instruments and national laws, as well as on their implementation. These should be widely disseminated with a view to promoting right to information regimes which conform to the principles elaborated above. 
6. All stakeholders should engage in the monitoring and assessment of the implementation and impact of the right of access to information, including through the development of appropriate indicators and practical evaluation tools.  Donors should provide funding to support these efforts.
   
7. The access to information community should strive to build solidarity with a full range of stakeholders who share a common transparency agenda, including the media.  
8. Civil society should ensure full enjoyment of the right of access to information by demanding and using information, and promoting and defending the right.
   
9. The CarterCenter will work with others to disseminate the Atlanta Declaration, through high level communications, publications, conferences and meetings.

We call upon all states, international bodies, and the global access to information community to establish, develop and nurture the right of access to information across the world, in accordance with the findings and principles enunciated in this Declaration and to commit to the plan of action in furtherance of our common objective.

AtlantaGeorgia